La presidenta del Tribunal de Cuentas defiende las fiscalizaciones como "técnicamente fiables y rigurosas"

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha dejado claro que la función de este órgano no es examinar la solvencia de las empresas y que en los contratos de emergencia que fueron fiscalizados en 2020 pudo haber deficiencias de procedimiento pero no de fondo.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, y en concreto el denominado caso Koldo, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha reconocido que en las contrataciones de emergencia puede haber "abusos" dado que siempre hay "contratos oportunistas" pero que en todo caso son actuaciones que se dirimen por otros medios.

En este sentido ha advertido de que las responsabilidades contables que puedan derivarse de los contratos fiscalizados han de ser planteadas por los fiscales y que actualmente hay hasta 50 expedientes en los que el fiscal ha pedido testimonio para comprobar si hay una deficiencia o una irregularidad y si da lugar o no a responsabilidades contables.

"La aplicación de emergencia en los contratos en donde es posible hasta la contratación verbal es una contratación de riesgo", ha dicho tras incidir en que este Tribunal examinó con "celo" todos los contratos de emergencia y que los contratos verbales "o no se han dado o se han dado en muy pocas ocasiones".

Chicano ha reiterado varias veces que el Tribunal de Cuentas dio una respuesta "ajustada a derecho" y que solo puede fiscalizar aquella documentación que le envían las administraciones o los órganos que son auditados. Las informaciones periodísticas vinculadas a presuntas tramas o comisiones no son analizadas por esta institución.

"Ese tipo de cosas no existen para el Tribunal de Cuentas. A mí eso nunca me viene en la documentación que se manda. Si alguien quiere torcer la ley va por otro sitio y no va por enviar el documento al Tribunal de Cuentas", ha señalado.

Chicano ha recalcado que luchar contra el delincuente "es difícil" y que por eso es "fundamental valorar las instituciones y no nos las carguemos porque es lo que soporta un estado democrático".

También ha aclarado que el Tribunal de Cuentas no examina la solvencia de las empresas sino que "exigimos que el órgano contratante examine esa solvencia".

Además ha negado a preguntas de ERC que la centralización de la fiscalización de los contratos de las administraciones en este órgano haya provocado alguna ineficiencia en su análisis y ha recordado que este Tribunal está elaborando un informe global para darlo a conocer en 2024 donde habrá propuestas de mejora.

EL PP DENUNCIA QUE EL TRIBUNAL "HA BLANQUEADO IRREGULARIDADES GROSERAS"

El PP ha puesto en cuestión en el Congreso la labor del Tribunal de Cuentas al vigilar los contratos de material anticovid firmados en la pandemia, llegando a afirmar que la institución se ha dedicado a "blanquear irregularidades groseras" e incluso a "dar la enhorabuena" a sus autores.

Así lo ha señalado el portavoz del PP, José Vicente Marí, tras escuchar la intervención inicial de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia.

Según ha remarcado Chicano, sus fiscalizaciones han sido "extensas, técnicamente fiables y rigurosas" realizadas por "cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo". Mientras se realizaron fiscalizaciones, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno hizo suyo el trabajo de sus antecesores y los siete informes se aprobaron por unanimidad.

REVISION DEL 83% DEL DINERO CONTRATADO

En el caso de la contratación de emergencia sus exámenes se ciñen a contratos de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En eso meses se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros y el Tribunal de Cuentas ha analizado 1.328 contratos que suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas.

Tras sus más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia, el Tribunal de Cuentas concluyó que, al margen de "una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y, también con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas". "Se hizo lo mejor que se pudo", ha resumido en otro momento.

Eso sí, Chicano ha querido dejar claro que el Tribunal de Cuentas es parte del entramado constitucional, pero no es un órgano antifraude, ni anticorrupción.

Pero el portavoz del PP, José Vicente Marí considera que el Tribunal de Cuentas, "en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares".